Ciudad con suelo y vivienda accesible y adecuada
La Ciudad de México enfrenta una crisis habitacional caracterizada por el crecimiento de la población, el encarecimiento de la vivienda y la exclusión de amplios sectores del acceso a una vivienda digna. Con una población que ha crecido de 8.2 a 9.2 millones de habitantes en los últimos 30 años, la demanda de vivienda supera con creces la oferta disponible, lo que ha generado un incremento en el número de hogares sin acceso a una propiedad o renta asequible.
Actualmente, existen 2.8 millones de viviendas en la ciudad, de las cuales cerca de 2.7 millones están habitadas. Sin embargo, una parte significativa de las familias de estas viviendas afirma que, si pudiera, buscaría tener acceso a otra vivienda para evitar el hacinamiento generado por el aumento de miembros de la familia.
El mercado inmobiliario se ha transformado en las últimas décadas, favoreciendo a sectores con mayores ingresos. El acceso a la vivienda propia ha disminuido en un 11.12% desde el año 2000, mientras que el porcentaje de viviendas en renta ha crecido de manera significativa. En las demarcaciones centrales, los precios de compra y renta han alcanzado niveles inaccesibles para la mayoría de los hogares. El costo promedio de una casa en zonas como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán ronda los 10 millones de pesos, mientras que las rentas pueden superar los 90 mil pesos mensuales en algunas áreas, lo que excluye a la mayor parte de la población de la posibilidad de habitar en estas zonas.
El acceso a créditos hipotecarios representa otro obstáculo para la adquisición de vivienda. Los hogares con ingresos menores a 27 mil pesos mensuales enfrentan serias dificultades para obtener financiamiento a través de instituciones bancarias o intermediarios financieros. En este contexto, la autoconstrucción ha surgido como una de las principales alternativas para los sectores con menores ingresos, representando el 13.61% de las viviendas construidas en la ciudad.
Por otro lado, la movilidad poblacional refleja una tendencia a expulsar habitantes hacia otras entidades. Más de 511 mil personas han salido de la Ciudad de México en busca de alternativas habitacionales más asequibles, mientras que 308 mil han ingresado, principalmente desde el Estado de México. Esta dinámica ha sido influida por fenómenos como la gentrificación, que ha reconfigurado la distribución de la población dentro del territorio capitalino y ha encarecido aún más el acceso a la vivienda en ciertas zonas.
La certeza jurídica de la vivienda es otro reto. Actualmente, solo el 55.5% de las viviendas son propiedad de quienes las habitan, mientras que el resto se encuentra en régimen de renta, préstamo o en proceso de pago. Además, un número significativo de inmuebles se encuentra en situación de litigio o sin regularización, lo que complica aún más el acceso a una vivienda formal.
A estas problemáticas, se suma el deterioro que pueden sufrir las viviendas y el riesgo que esto conlleva; especialmente en el caso de la Unidades Habitacionales que muchas veces no reciben el mantenimiento adecuado. Es importante mencionar que se estima que más de 2 millones de personas en la ciudad habitan en una unidad habitacional, lo que convierte a este esquema de vivienda en uno de los más difundidos de la ciudad.
El panorama actual refleja una problemática compleja, en la que el acceso a la vivienda está determinado en gran medida por el nivel de ingresos y la capacidad de acceso a financiamiento. La falta de oferta de vivienda asequible, la precarización de las condiciones habitacionales y el desplazamiento de sectores vulnerables hacia la periferia plantean desafíos urgentes para la planeación y desarrollo urbano de la ciudad.
La Ciudad de México es la entidad con menor porcentaje de vivienda nueva, con un 3.4%; 5.8 millones (el 16.4%) son rentadas (ENVI 2020). Entre el 2000 y el 2020, en CDMX la población propietaria de la vivienda que habita disminuyó 11.12% (INEGI 2020). Los hogares con ingreso promedio mensual en la Ciudad de México ($29,843) no pueden acceder a una vivienda asequible, es decir, que gasten menos del 30% de su ingreso en el pago de renta (ENIGH, 2022).
De acuerdo con datos recuperados de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, en la Ciudad de México existen 801,055 hogares que requieren vivienda, poco más del 40 por ciento considera comprar una vivienda nueva, de ellos casi la mitad pertenece al sector informal. En la Ciudad de México, cerca del 60 por ciento de las personas que trabajan no tienen derecho a créditos de vivienda, solo el 29.6% tienen derecho a créditos de INFONAVIT y solo el 8.4% a créditos de FOVISSSTE para la adquisición de vivienda. Asimismo, 9 de cada 10 personas económicamente activas no tienen posibilidad de acceder a un crédito hipotecario privado para adquirir vivienda. Por lo que acceder a una vivienda nueva de forma asequible es casi imposible para la amplia mayoría de la ciudadanía.
De acuerdo con la ENIGH, 2022, el ingreso promedio mensual de los hogares en la Ciudad de México es de casi 30 mil pesos, sin embargo, debido al encarecimiento del costo de la renta, estos no pueden acceder a una vivienda asequible, es decir, que gasten menos del 30% de su ingreso en el pago de renta; la situación es aún más compleja para los hogares con ingresos menores al promedio.
De acuerdo con la ENVI 2020, 801 mil hogares señalaron tener algún tipo de necesidad de vivienda, de los cuales 6.7% buscan rentar una propiedad, siendo uno de los principales motivos para rentar la incapacidad económica de adquirir una vivienda por la vía de compra.
La vulnerabilidad sísmica de la Ciudad de México, el deterioro estructural de las viviendas y el crecimiento de la mancha urbana, son factores de riesgo que deben atenderse permanentemente. Los recursos limitados de la población para acceder a vivienda y mantenerla, junto con la falta de intervención en viviendas en riesgo estructural, requieren de la creación de políticas gubernamentales más efectivas para la rehabilitación y el mejoramiento de vivienda.
El 49.9% de las viviendas en la Ciudad de México requieren algún tipo de atención estructural (ENVI, 2020), asimismo, 8.2% están en condiciones de rezago, construidas con materiales deteriorados, irregulares o en espacios precarios (SEDATU – CONAVI, 2021). Por otra parte, casi el 30 por ciento de los hogares que requieren vivienda consideran satisfacer su necesidad mediante la construcción de vivienda.
Las Unidades Habitacionales de la Ciudad de México enfrentan problemáticas acumuladas, tanto físicas como sociales debido a la falta de una gestión adecuada de los espacios comunes y a la ausencia de organización vecinal para su mantenimiento.
Este escenario ha generado deterioro estructural, conflictos sociales y una disminución en la calidad de vida de millones de habitantes. Abordar esta situación es crucial para mejorar las condiciones de vida en estas zonas y garantizar un entorno seguro y saludable para los residentes.
De acuerdo con la Agencia Digital de Innovación Pública, en la Ciudad de México 3.5 millones de personas habitan en 11 mil conjuntos habitacionales.
A nivel nacional, solo el 35.6% de los financiamientos otorgados por los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis) y 31.6% de subsidios federales se otorgan a mujeres, en contraposición al 60% y 66.8%, respectivamente, para los hombres (Conavi, 2018). Algo similar sucede con el acceso a créditos de banca múltiple (CNBV, 2022), aun cuando las mujeres tienen una mayor participación en la fuerza laboral (ENOE, INEGI, 2023), existe una brecha en el acceso a sistemas de financiamiento para la vivienda.
Objetivo
Garantizar el acceso a suelo y vivienda digna, adecuada y asequible mediante políticas urbanas sostenibles e incluyentes que fomenten el desarrollo ordenado del territorio, la regularización de la vivienda, la construcción de viviendas accesibles y la mejora del entorno urbano. De igual forma, priorizar el derecho a la vivienda para los sectores en situación de vulnerabilidad, promoviendo espacios seguros, bien ubicados y con infraestructura y servicios que mejoren la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México. También, se busca atender la bolsa de personas solicitantes individuales de vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y atender y mitigar el riesgo estructural en las viviendas, con especial énfasis en aquellas afectadas por desastres, garantizando su seguridad, rehabilitación y el bienestar de sus habitantes y promover el rescate y mejoramiento de las Unidades Habitacionales, fomentando la corresponsabilidad social y la participación ciudadana, con el objetivo de fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Estrategias
● Fortalecer el Programa de Vivienda en Conjunto.
● Realizar acciones de vivienda en predios subutilizados y en condiciones de riesgo a fin de impulsar el repoblamiento del Centro Histórico.
● Modernizar las reglas de operación del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.
● Fortalecer los mecanismos que aseguren que las acciones del Programa de Vivienda en Conjunto estén dirigidas a hogares de escasos recursos, garantizando equidad en el acceso a una vivienda digna y adecuada.
● Brindar financiamientos a familias de escasos recursos para la adquisición de vivienda nueva, asegurando condiciones accesibles y justas que faciliten su derecho a una vivienda digna.
● Otorgar apoyos para renta a familias que habitan en condiciones de riesgo.
● Otorgar ayudas de beneficio social a familias para que puedan acceder a sistemas de sustentabilidad.
● Otorgar apoyos sociales a personas con baja capacidad de pago para que logren acceder a un crédito INVI.
● Conformación del nuevo Proyecto Comunitario de Producción y Gestión Social del Hábitat.
● Conformar un padrón de vivienda social para la atención de las personas registradas en la bolsa de solicitantes de vivienda del Instituto de Vivienda, con prioridad a las personas adultas mayores, mujeres jefas de familia, personas de los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, así como personas en condiciones de vulnerabilidad.
● Conformación de un parque público de vivienda para arrendamiento.
● Creación de las reglas de operación para la participación y administración de los inmuebles destinados a vivienda pública en arrendamiento.
● Diseñar e implementar mecanismos que garanticen la integración del sistema público de cuidados y la perspectiva de género en la planificación, producción y gestión de la vivienda pública en renta.
● Concluir las acciones pendientes en la reconstrucción de los inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, garantizando la seguridad y el regreso digno de las familias afectadas.
● Realizar diagnósticos territoriales participativos para identificar y focalizar acciones en las zonas con mayor cantidad de viviendas en riesgo.
●Facilitar campañas informativas dirigidas a las y los vecinos sobre el mantenimiento básico de viviendas y la prevención de riesgos.
● Fortalecer el Programa de Mejoramiento de Vivienda como mecanismo para atender el rezago habitacional.
● Fortalecer la producción de vivienda nueva progresiva para fomentar el arraigo familiar y barrial.
● Proporcionar asistencia técnica y administrativa en el desarrollo de Programas de Mejoramiento de Vivienda.
● Propiciar la intervención orientada a detener, prevenir o resolver el deterioro del inventario habitacional.
● Promover la rehabilitación de las unidades de vivienda con la finalidad de aumentar su vida útil.
● Rehabilitar los edificios con situación de riesgo en Tlatelolco.
● Promover la participación activa de las y los vecinos de las Unidades Habitacionales.
● Identificar y atender, en coordinación con las y los vecinos, las necesidades de las Unidades Habitacionales.
● Realizar obras de mantenimiento mayor y menor en las Unidades Habitacionales.
● Diseñar e implementar instrumentos que garanticen la transversalización de la perspectiva de género, los cuidados y los derechos humanos en las acciones dirigidas a la atención y mejoramiento de las Unidades Habitacionales.
