Ciudad de Cuidados, bienestar e igualdad social
1. Diagnóstico
Durante el 2018 a 2024 el Gobierno de la Ciudad de México implementó una política social orientada a combatir las desigualdades sociales y la pobreza en la Ciudad. Se impulsaron nuevos programas sociales como “Mi Beca para Empezar”, se construyeron más de 250 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y saberes (PILARES) y se distribuyó la beca Leona Vicario para adolescentes en situación de vulnerabilidad.
En los primeros meses de implementación del programa Mi Beca para Empezar se logró un impulso significativo de la cobertura de quintiles con menor ingreso, esto significa que gracias a este programa el 65.9% de los hogares más pobres fueron beneficiados lo que ha facilitado que niñas y niños de estos hogares permanezcan en la escuela.
La visión de la Ciudad de México es continuar combatiendo las desigualdades sociales, territoriales y de género y combatir la pobreza. Respecto a este tema en 2022 la pobreza multidimensional en la Ciudad de México afectaba a más de seis de cada diez capitalinos (Evalúa, 2023). Este indicador refleja que aún una mayoría tiene limitado el acceso a niveles mínimos de bienestar y no puede satisfacer sus necesidades básicas en materia de ingreso, educación, salud, seguridad social y tiempo, entre otras. La pobreza de tiempo es la dimensión con mayor incidencia en nuestra ciudad: casi siete de cada diez capitalinas y capitalinos sufren escasez de tiempo libre (Evalúa, 2023).
Como se observa en el cuadro 1, entre 2018 y 2022, la pobreza extrema multidimensional disminuyó más de cuatro puntos porcentuales, lo que supone un avance notable. Sin embargo, en materia de pobreza moderada, es fundamental acelerar significativamente el ritmo de reducción logrado en el periodo 2018-2022. Aunado a ello, la capital de la república sigue siendo un espacio de contraste donde cohabitan la riqueza extrema con formas de pobreza y vulneración de derechos. Poco más de 20% de la población pertenece al estrato socioeconómico medio o alto, mientras que una gran mayoría social permanece en el umbral mínimo de subsistencia o por debajo de la línea de pobreza. En 2022, el 10% más rico acumuló el 55% del ingreso (Evalúa, 2023).
La pobreza de tiempo, además, impacta de forma decisiva en la posibilidad de acceder a otros bienes y fuentes de bienestar. Sufrir pobreza de tiempo impacta de forma decisiva en las posibilidades de lograr una alimentación sana y nutritiva, en las oportunidades de ofrecer y recibir cuidados afectivos y en la capacidad de las personas y las comunidades de generar bienestar emocional, salud mental y participación social y política.
En relación a la población infantil, según datos del INEGI (2020), la Ciudad de México alberga aproximadamente dos millones de niñas y niños de entre 0 y 17 años, lo que representa cerca del 22% del total de la población en este rango etario. La distribución por género es bastante equilibrada, registrándose un 50.8% de varones y un 49.2% de mujeres.
Desde la perspectiva de la diversidad cultural y lingüística, el 0.4% de los niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años era hablante de alguna lengua indígena en 2020, lo que equivale a alrededor de 7,000 personas. Esta cifra sitúa a la Ciudad de México como la decimonovena entidad del país con mayor población indígena en dicho grupo de edad. De igual forma, el 1.5% de la población de 0 a 17 años se identificaba como afromexicana o afrodescendiente, es decir, aproximadamente 31,300 niños y adolescentes, lo que posiciona a la capital como la sexta entidad con mayor población afrodescendiente en este rango etario.
Por otro lado, la presencia de discapacidad en la infancia es un factor relevante a considerar en el diseño de políticas públicas. En 2020, el 7.8% de la población infantil en la Ciudad de México tenía alguna discapacidad, lo que equivale a aproximadamente 158,700 niñas, niños y adolescentes. Esto colocaba a la capital como la tercera entidad con mayor población infantil con discapacidad en el país, resaltando la necesidad de fortalecer medidas de accesibilidad, inclusión y derechos para esta población.
De acuerdo con el CONEVAL, en 2022, el 34.3% de la población infantil y adolescente (0 a 17 años) en la Ciudad de México vivía en situación de pobreza, lo que equivalía a aproximadamente 655,400 niñas, niños y adolescentes. Con este porcentaje, la capital se ubicó en el lugar 21 a nivel nacional en cuanto a la proporción de población infantil y adolescente en condiciones de pobreza. No obstante, entre 2020 y 2022, la pobreza en este grupo etario mostró una disminución de 6.9 puntos porcentuales, pasando del 41.2% al 34.3%, lo que indica una mejora en las condiciones económicas de este sector de la población. Por otro lado, el 2.5% de la población de 0 a 17 años en la Ciudad de México vivía en situación de pobreza extrema en 2022, lo que representaba alrededor de 48,000 niñas, niños y adolescentes. En este indicador, la Ciudad de México ocupó el lugar 24 a nivel nacional en términos de porcentaje de población infantil y adolescente en pobreza extrema. Al igual que en el caso de la pobreza general, la pobreza extrema mostró una reducción significativa de 4.1 puntos porcentuales entre 2020 y 2022, al descender del 6.6% al 2.5%.
En 2022, diversos indicadores reflejaban las carencias y vulnerabilidades que enfrentaba la población infantil y adolescente en la Ciudad de México. El 14% de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años presentaba carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, mientras que el 29.4% carecía de acceso a servicios de salud. El 46.9% no contaba con seguridad social, lo que evidenciaba una falta de protección y bienestar en este sector. En términos educativos, el 6.8% de la población de 3 a 17 años presentaba rezago educativo, limitando sus oportunidades de desarrollo. Además, el 6.7% de los menores vivía en viviendas con carencias en calidad y espacios, lo que impactaba negativamente en su bienestar y desarrollo.
En el rubro de personas con discapacidad, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), en 2018 estimó que 1,514,178 personas en la Ciudad de México tenían algún tipo de limitación o discapacidad, lo que representaba el 17.2% de la población total de la entidad. Sin embargo, en la estimación más reciente de la ENADID 2023, esta cifra aumentó de manera significativa, alcanzando un total de 2,686,170 personas, equivalente al 28.9% de la población. Esto significa que casi tres de cada diez personas en la Ciudad de México presentan alguna condición de discapacidad o limitación, reflejando un incremento considerable en la prevalencia de estas condiciones en los últimos cinco años
Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México con mayor volumen de población con discapacidad, limitación y/o condición psicosocial fueron Iztapalapa (352,141 personas), Gustavo A. Madero (224,563), Álvaro Obregón (131,077), Tlalpan (127,351) y Coyoacán (116,175). En contraste, las alcaldías con menor volumen de este grupo poblacional fueron Cuajimalpa de Morelos (27,647 personas), Milpa Alta (28,527), La Magdalena Contreras (49,009), Miguel Hidalgo (66,806) y Tláhuac (70,745).
La discapacidad es uno de los factores que contribuye significativamente a que las personas enfrenten los mayores efectos de la desigualdad social, las prácticas discriminatorias y la injusticia. Por esta razón, su atención como problema público requiere intervenciones específicas y enfoques estratégicos que aborden de manera integral las barreras que enfrentan estas personas en diversos ámbitos. En particular, áreas como la educación inclusiva, el acceso a servicios de salud y la inclusión laboral son fundamentales, ya que en estos sectores las personas con discapacidad experimentan las enormes brechas de desigualdad que limitan su desarrollo y participación plena en la sociedad.
A partir de contexto anterior, las tareas de cuidado se convierten en un tema esencial de política pública. Estas engloban un conjunto de actividades esenciales para el bienestar y la reproducción de la vida cotidiana, incluyendo tanto labores directas—como la atención a personas enfermas, el cuidado de menores o adultos mayores—como indirectas, tales como la preparación de alimentos y la limpieza del hogar. Estas tareas no solo implican un componente físico y práctico, sino que también involucran dimensiones éticas, afectivas y relacionales, fundamentales para el desarrollo individual y colectivo.
Respecto a estas tareas persiste una distribución inequitativa del trabajo de cuidados, situación que tiende a reproducir las brechas de desigualdad de género. De acuerdo con Evalúa Ciudad de México, el trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, asciende a un 12% del PIB capitalino y es realizado de manera desproporcionada por las mujeres, que realizan casi el 70% de esta actividad fundamental de sostenimiento de la vida, históricamente invisibilizada (Evalúa, 2024). La inequitativa distribución del trabajo de cuidados genera obstáculos para las mujeres en materia de acceso a empleos formales y bien remunerados, sobrecarga emocional, riegos de salud mental y otras desigualdades.
En el cuadro 2 se observa que más de tres millones de personas, más de un tercio de la población capitalina, puede requerir cuidados, ya sea por etapa del ciclo de vida o por alguna condición de discapacidad o dependencia, situaciones que en ocasiones se intersectan. Asimismo, se ha evidenciado una fuerte asociación entre el tiempo dedicado al trabajo no remunerado de cuidados y lo niveles de pobreza; es decir la población que dedica más tiempo a cuidar tiene mayor riesgo de sufrir pobreza. Por ejemplo, entre la población que dedica tiempo a cuidar, quienes están en pobreza extrema destinan 28 horas semanales, frente a 16 horas de los no pobres (Evalúa, 2024). Asimismo, el proceso de envejecimiento demográfico y la transición epidemiológica hacia una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y asociadas a la alimentación, sugieren la configuración de un complejo escenario en el que será fundamental reforzar el gasto social, los programas sociales y articular la construcción de un sistema público de cuidados.
El cuidado a personas menores de 15 años que no es proporcionado por instituciones públicas y privadas (Centros de Atención y Cuidado Infantil, escuelas con horario extendido, programas de actividades educativas y recreativas en horario extraescolar) o a través del cuidado privado remunerado, es cubierto por integrantes de los hogares de manera gratuita.
El grupo que requiere mayor atención en términos de intensidad del cuidado, medido por horas dedicadas, es el grupo de 0 a 5 años cumplidos, que incluye las categorías de lactantes (de 45 días a 18 meses), maternal (de un año y seis meses hasta ante de cumplir 3 años) y preescolar (de 3 años a 5 años y 11 meses).
Las personas dependientes por discapacidad, es decir, quienes a cualquier edad requieren ayuda de otra persona para desempeñar sus actividades de la vida son generalmente cuidadas en el hogar por integrantes de su familia de acuerdo al Evalúa 2024 la carga del cuidado recae principalmente en mujeres (un 64%). En cuanto al cuidado institucional de la población de cero a 5 años, existe un reto para cubrir el cuidado proporcionado principalmente por mujeres integrantes del hogar, pues apenas sobrepasa el 10% de la demanda potencial. Por lo que es necesario fijar directrices y prioridades. Una de ellas sería ampliar la oferta pública hacia específicamente madres trabajadoras sobre todo de bajos recursos, independientemente de si son jefas de hogar o no, que aún no cuentan con el servicio.
Otro reto es mejorar la ubicación de estos servicios. En cuanto a la distribución territorial de los servicios de cuidados públicos para niñas y niños de 0 a 5 años se observa una tendencia a la concentración en alcaldías centrales y del eje norponiente, mientras que las zonas periféricas de las demarcaciones, aquellas con mayor presencia de infantes, cuentan con menor disponibilidad de oferta pública.
Por su parte, las escuelas de educación básica cubren prácticamente al total de la población en edad (básicamente, grupo 6 a 14 años). Sin embargo, las de horario ampliado y jornada completa, aunque cubre una proporción importantes de las escuelas, tienen el reto de generalizarse para constituirse en un verdadero sistema de cuidados. Aunque se trata de instituciones de control federal, el gobierno de la Ciudad ha apoyado la continuidad del servicio a horarios extendidos. Igualmente existe la modalidad de actividades de reforzamiento educativo y recreativas, que podrá ampliarse para extender las posibilidades de extensión del horario escolar para cubrir el equivalente a la jornada de trabajo.
La oferta de servicios institucionales para la población con discapacidad es escasa y con un importante componente privado. El gobierno central de la Ciudad de México cuenta con ocho unidades de rehabilitación a cargo del DIF CDMX; en cuanto a las alcaldías se lograron identificar 18 centros que atienden a personas con discapacidad. Estas instituciones podrían ampliar el espectro de servicios para integrarse el aspecto de cuidados e incorporarse al con ello al sistema de cuidados.
La oferta pública de servicios de atención para personas mayores del gobierno central de la Ciudad de México está a cargo del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (INED) que, si bien oferta diversas actividades, la mayoría de ellas son de carácter recreativo, por lo que su capacidad de contribuir al cuidado de este grupo poblacional es limitada. También hay servicios del gobierno federal y de las alcaldías, pero, al igual que con el gobierno central, son actividades recreativas, más no de cuidados. El servicio que mejor se relaciona con la lógica del sistema de cuidados son los Centros de Desarrollo para el Envejecimiento Digno (CEDE) del INED, pues reconocen explícitamente que son espacios para el alivio y apoyo de las personas cuidadoras del hogar, un área de respiro, pero sólo hay cuatro en toda la ciudad.
Por todo lo anterior en la ciudad el derecho a cuidado está establecido en el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México e indica que las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.
2. Visión de futuro
El Gobierno de la Ciudad de México trabajará para construir una ciudad con menores desigualdades y pobreza y en la que todas y todos tengan derecho al cuidado. Una Ciudad con igualdad, cuidadora y feminista, donde se abran todas las oportunidades y posibilidades para la vida buena y el florecimiento humano mediante el fortalecimiento de la red de protección social que impida que alguien se quede atrás.
Sistema público de cuidados
● Elaborar y publicar un Programa Especial de Bienestar y Cuidados, para la articulación de metas, actores y estrategias en materia de política social y cuidados, en cumplimiento de lo previsto en la Ley del Derecho al Bienestar y a la Igualdad Social de la Ciudad de México.
● Impulsar, en el Congreso de la Ciudad de México, la Ley del Sistema de Cuidados, a fin de institucionalizar y coordinar la implementación del Sistema Público de Cuidados, regulando la participación de distintas entidades, dependencias y actores.
● Crear 200 nuevos Centros de Atención y Desarrollo Infantil; 100 en UTOPÍAS y 100 en Pilares.
● Promover el desarrollo de los cuidados comunitarios y establecer mecanismos efectivos de garantía de la calidad de los servicios públicos, sociales y privados de cuidados.
● Instalar 100 Centros de rehabilitación para personas con discapacidad que cuenten con servicios adecuados para atender las distintas discapacidades.
● Implementar 100 Casas de día para la convivencia, el bienestar y el buen vivir de las personas adultas mayores.
● Construir 100 Unidades de Servicio para Vida Cotidiana las cuales contarán con lavanderías, comedores comunitarios, ludotecas y espacios de apoyo para las tareas de las infancias, promoviendo el bienestar y la integración social.
● Impulsar el programa Desde la Cuna; una transferencia monetaria de 1,200 pesos bimestrales para las y los niños de entre 0 y 3 años de edad. En 2025 se cubrirá a 85 mil niñas y niños de hasta 16 meses de edad; a finales del sexenio se espera lograr una cobertura aproximada de 320 mil infantes.
● Desarrollar, en el contexto de la implementación del Programa “Desde la Cuna”, una estrategia de atención integral a la primera infancia, que incluirá acompañamiento nutricional y de salud, acciones para un adecuado desarrollo neurológico y cognitivo, fomento de la educación inicial, impulso de la crianza amorosa, afectiva y responsable y despliegue de una amplia oferta de actividades lúdicas, culturales y educativas para las y los infantes.
● Fortalecer las acciones encaminadas a garantizar el acceso al derecho a una alimentación sana, nutritiva, suficiente, asequible y de calidad. En ese empeño, se ampliarán los programas de elaboración y entrega de alimentos saludables a bajo costo, con el impulso de la instalación de comedores en las UTOPÍAS. Se fortalecerá la estrategia de apertura de comedores en espacios educativos y se explorarán nuevas formas de ampliar la oferta de alimentos saludables y económicos, mediante cooperativas y la extensión del programa a industrias y sectores productivos. Para 2025 se estima la entrega de aproximadamente 28 millones de raciones alimentarias. Para finales del sexenio se espera superar la distribución de 35 millones de raciones.
Universalización de Derechos
● Implementar el Ingreso Ciudadano Universal. Por primera vez a nivel nacional, un gobierno reconoce el derecho de todas y de todos a un ingreso básico. Este programa otorga una transferencia de 2,000 pesos bimestrales a personas de 57 a 59 años. En 2025 se llegará a 77 mil personas de 59 años de edad. Para finales del sexenio, se espera alcanzar una cobertura cercana a las 340 mil beneficiarias/os.
● En el contexto del Ingreso Ciudadano Universal, implementar distintas acciones de salud preventiva, así como de fomento del empleo, la igualdad género y la plena participación social y comunitaria de las personas mayores de 57 años.
● Impulsar la extensión universal de la pensión para personas de 60 a 64 años, incorporando a los hombres de ese rango etario, como complemento de la estrategia federal de cubrir a las mujeres de esa edad. La Ciudad de México será el único estado con una cobertura universal en ese rango de edad, ya que se incorporará también a los hombres. En 2025 se entregará una transferencia de 3,000 pesos bimestrales a 77 mil hombres de 63 y 64 años. Para finales del sexenio, se espera cubrir a más de 230 mil personas de ese rango de edad.
● Desarrollar una amplia oferta de acciones y servicios destinados a promover el cuidado de la salud, la prevención de violencias, el apoyo para el empleo o la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados de los hombres de entre 60 y 64 años.